El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció este miércoles que asume las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".

Una manifestación de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se saldó con la muerte de un universitario de primer año de la casa superior de estudios, después de que la Policía interviniera la protesta estudiantil que bloqueaba en el peaje de la autopista La Paz-El Alto. El Gobierno ha instruido una investigación para dar con el o los responsables del crimen y que sobre ellos "recaiga todo el peso de la ley".

La Policía llegó al lugar, usaron agentes químicos para desalojar a los estudiantes de la zona y en esa intervención el estudiante identificado como Jonathan Quispe Vila, de la carrera Ciencias de la Comunicación, cayó al suelo con una herida en el pecho, según denunciaron sus compañeros.

Esta es la matrícula universitaria del estudiante

Tras el hecho, el joven fue evacuado del sitio en un mini bus hacia la caja de salud Cordes, donde fue confirmado su deceso. En un video, que se ha viralizado en las redes sociales, se ve el momento de desesperación de sus compañeros cuando piden la presencia de los medios de comunicación y denuncian la muerte del Jhonatan por "una bala en el pecho".

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) emitió un pronunciamiento al respecto y pidió a las autoridades del nosocomio el certificado médico. Además se encuentran, según Verónica Sánchez, recibiendo testimonios. Dijo que la institución defensora de los derechos humanos pide un informe oficial de la Policía sobre el operativo. De igual manera ya se presentó la denuncia por el uso desproporcionado de la fuerza pública.

Gobierno ordena dar con los autores

A las 17:00 de este miércoles el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, a nombre del presidente Evo Morales, le habló al país. Lamentó la muerte del universitario, expresó su solidaridad con la familia de Jhonatan Quispe Vela e instruyó que se investigue su muerte.  

"(El Gobierno) rechaza este tipo de violencia que ha dejado un saldo trágico: la pérdida de una vida humana, ha instruido y ordenado una profunda investigación de lo que ha sucedido hasta dar con los culpables y aplicar contra ellos todo el peso de la ley", sostuvo el ministro.

La manifestación estudiantil exigía la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria y una asignación presupuestaria extraordinaria  de al menos Bs 152 millones para la culminación de la gestión 2018, advierten que el funcionamiento de esta casa de estudios superior solo se garantiza hasta junio.

La plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela inició discusiones para aprobar una "Ley contra los Delitos de Odio, Intolerancia y Violencia", informó la agencia noticiiosa estatal AVN.

Los constituyentes partirán de un proyecto que el pasado 10 de agosto consignó el presidente Nicolás Maduro ante la ANC, según una nota de VTV.

La presidenta del organismo, Delcy Rodríguez Gómez, calificó el texto legal como una "iniciativa de vanguardia legislativa" en el mundo, que buscará "erradicar de Venezuela" hechos como los derivados de las protestas violentas ocurridas entre los meses de abril y julio pasados.

Víctimas de la violencia

En esos eventos violentos, denominados 'guarimbas' por el periodismo local y calificados por el gobierno como actos terroristas, se registraron más de 130 fallecidos, entre ellos 29 personas incendiadas vivas y cientos de heridos, detalla el portal Alba Ciudad.

Ese tipo de violencia es ajena a nuestra idiosincrasia, fue importada y no tiene nada que ver con lo que somos en esta tierra. Por ello debemos garantizar que se sancione a los responsables, para que nunca más vuelva a ocurrir

Al respecto, Rodríguez indicó que "este poder constituyente originario debe intervenir, debe sanar, debe encauzar a la sociedad hacia el espíritu del entendimiento y la tolerancia".

Agregó que los delitos de odio suponen, a nivel mundial, "penas mayores".

En Venezuela, primer país en el mundo que proscribió la pena de muerte, el castigo más severo contemplado por las leyes es de 30 años de prisión. La propuesta que ahora contempla la ANC es de elevar ese castigo a 50 años, en particular para sancionar delitos que nunca estuvieron en la legislación venezolana, pero que forman parte de convenciones internacionales que ese país suscribe.

Las tareas

Entrevistada por RT, la constituyente Aleidys Manaure afirmó que la ley que comienza a discutirse pretende "promover y garantizar una educación para la paz" y que eso "pasa por el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco y los métodos para erradicar toda forma de violencia política y de odios". Será ese, dijo, "un instrumento para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos".

Manaure sostuvo que en la actual Constitución, aprobada en 1999, no se contempló ese tipo de delitos porque "no estaban en el imaginario de nuestro pueblo. A pesar de que todas y todos leímos esa Constitución antes de aprobarla, es un elemento que nadie tenía en mente".

Los medios

En las discusiones previas, varios miembros de la ANC se han referido a la influencia de los medios de prensa en la aceptación de ese tipo de violencia por parte de ciertos segmentos de la población del país.

En opinión de Aleidys Manaure, desde el año 2002, cuando se produjo un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, "los medios de comunicación del país han trabajado de manera sistemática para alterar las percepciones de la población".

Durante la ejecución de ese golpe, asegura, "se violaron masivamente los derechos humanos y los medios de comunicación engañaron descaradamente al país. Se trató de un engaño para manipular los sentidos y la percepción, con la abierta intensión de derrocar a un gobierno constituido".

Violencia importada

Es a partir de esa experiencia, sostiene Manaure, que debe analizarse la violencia terrorista protagonizada por grupos opositores durante los meses pasados y sus efectos en contra de la población. "Se ha tratado", subraya, "de eventos importados".

"Nosotros los venezolanos, no somos así. Ese tipo de violencia es ajena a nuestra idiosincrasia, fue importada y no tiene nada que ver con lo que somos en esta tierra. Por ello debemos garantizar que se sancione a los responsables, para que nunca más vuelva a ocurrir", concluye.

 

Ernesto J. Navarro

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