La norma propuesta por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional consta de seis artículos, una disposición abrogatoria y derogatoria, y una disposición final.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aclaró que la norma prevé fortalecer los procedimientos y sanciones a delitos de corrupción, pero sin modificar la Constitución Política del Estado, como se cuestionaba.

“El proyecto de Ley será una norma que no busca la impunidad, más bien, es todo lo contrario, es una norma que busca una justicia eficaz y eficiente. También debo recalcar que una ley no puede modificar la Constitución Política del Estado, no afecta los principios de constitucionalidad”, dijo la autoridad.

Asimismo, el proyecto de ley prevé amplificar el alcance de la inhabilitación en casos de servicio público, la imprescriptibilidad de procesos, modificación a los tipos penales, la incorporación de la figura legal de “colaboración eficaz” como instrumento para la obtención de información y la disponibilidad de la acción penal como mecanismo alternativo de solución al conflicto para la recuperación del daño económico al Estado.

El pasado domingo, el mismo ministro Lima señaló que en el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, que él preside, se identificaron “problemas” en la aplicación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ya tiene una década de vigencia, por tanto, “había que hacer ajustes para ser más eficientes en la lucha contra la corrupción”.

En ese sentido, el proyecto de ley contempla “la delación premiada (o) la colaboración eficaz”. A partir de la inclusión de esta figura legal, por ejemplo, “la persona de la organización criminal que sea colaboradora eficaz y entregue a la Fiscalía la prueba o la evidencia del delito que se ha cometido, se podrá beneficiar inclusive con la exclusión total de la pena”, explicó.

Del mismo modo, el proyecto de ley plantea sanciones ejemplares en casos de delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado y delitos de lesa humanidad.

Tras la aprobación en Diputados, la propuesta legislativa será remitida a la Cámara de Senadores para su respectiva revisión.