El presidente del Comité Cívico de San José, Darling Méndez, compartió el pronunciamiento que fue suscrito por las principales autoridades del municipio. La preocupación por la toma ilegal de tierras y atropellos que están sufriendo en los terrenos de la zona mantienen en vilo a los pobladores.

A raíz de este malestar, se ha conformado el Comité de defensa de la tierra de los josesanos. En dicho comité participarán el alcalde, el subgobernador, el presidente del concejo, la central indígena y la central campesina,  entre otras instituciones.

El pronunciamiento público compartido la noche de ayer jueves en San José exige la "presencia inmediata del Director Nacional del INRA para que informe a detalle" y "realicen una evaluación técnica de los asentamientos que se han realizado para resolver en adelante los atropellos y avasallamientos", explicó Méndez.

En ese sentido, San José se declara en emergencia y le da un plazo de 48 horas para que Eulogio Núñez, Director Nacional del INRA, para que disponga la reunión solicitada. 

El día de ayer jueves, la Gobernación mantuvo una reunión con instituciones y el sector productivo para analizar la problemática de la tierra. Al finalizar el encuentro, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, convocó a la Comisión Agraria Departamental para el 8 de julio.

Acordó también realizar un congreso el 2 de julio en San Miguel para tratar las acciones a tomar para defender las tierras de la Chiquitania de los asentamientos ilegales. Se estima la presencia de la sociedad civil organizada, de los municipios e instituciones.

Por su parte, la diputada de Creemos, María René Álvarez, cuestiona la obstrucción a las denuncias que ha presentado en la Cámara de Diputados, en relación a las tomas ilegales que tiene un efecto negativo en "cientos de comunidades que están afectadas en el área rural". 

Como representante de la región chiquitana dijo que ha planteado numerosas denuncias y que, hasta el momento, no han obtenido respuesta desde las comisiones. La dejadez en estas instancias impide que la fiscalización realizada en su calidad de diputada pueda ser efectiva, agregó.